CEAV demandará ‘en breve’ a España ante la Comisión Europea por la doble garantía

CEAV cumplirá su amenaza y demandará al Gobierno ante la Comisión Europea. El motivo, como ya avanzó NEXOTUR, es que el Ejecutivo español se habría extralimitado en sus funciones por haber incluido en la nueva Ley de Viajes Combinados una garantía adicional que cubra los incumplimientos contractuales del viaje combinado, que se suma a la garantía de insolvencia financiera.

España ‘no tiene capacidad de ampliar las obligaciones de las agencias’, según CEAV

En declaraciones a este periódico, la gerente de la Confederación, Mercedes Tejero, adelanta que interpondrán "en breve" la demanda ante las autoridades europeas. Según argumenta, "no estamos de acuerdo con que la normativa española vaya más allá que lo establecido en la Directiva de la Unión Europea, especialmente en una cuestión en la que no tiene capacidad de ampliar las obligaciones de las agencias".

Se limita la competitividad de las agencias

A su modo de ver, con la polémica doble garantía "se limita la competitividad de las agencias de viajes españolas con respecto al resto de las que operan en la Unión Europea". "Creemos que la normativa de las agencias es excesiva, y vemos difícil el control del cumplimiento de la misma por parte de otros proveedores ahora afectados por el real decreto-ley (hoteles, compañías aéreas, etc.)", concluye.

CEAV dará este paso tras haber agotado todos los cartuchos que estaban a su alcance para solucionar la problemática por la vía del diálogo. Y es que, como ha venido publicando NEXOTUR, en los últimos meses ha mantenido reuniones con las principales fuerzas políticas para exponer sus argumentos y trasladarles el impacto que supondría la entrada en vigor de la doble garantía.

En palabras de su presidente, Rafael Gallego, "la nueva Directiva de Viajes Combinados y de Servicios de Viaje Vinculados es ya una regulación de máximos y en este punto no se da ninguna opción a los Estados miembros para poder solicitar garantías adicionales". Por este motivo, entiende que "su inclusión en el texto del Gobierno desvirtúa totalmente el artículo transpuesto e implica obligaciones más onerosas que las acordadas por la Unión Europea".