La actual situación genera problemas críticos para los alojamientos, según CEHAT
Tal y como publicó la AEPD, CEHAT alerta sobre la ilegalidad de fotocopiar los documentos de identidad de los viajeros con la que se encuentra el Sector a raíz del nuevo registro de viajeros. Si bien la Confederación valora positivamente esta advertencia y agradece a la AEPD la alerta dada, considera que el problema "es mucho más amplio" y que la responsabilidad última recae en la "deficiente regulación del Real Decreto y en la falta de un sistema claro y uniforme que permita a los establecimientos cumplir con las exigencias legales sin riesgos ni bloqueos operativos".
“No podemos consentir que un autobús de turistas que acaba de llegar a un hotel tenga que esperar y rellenar un formulario con un proceso tan farragoso y con tantos datos como si pidieran una visa para Estados Unidos”, ha declarado Jorge Marichal, presidente de CEHAT, que recuerda que “existen lectores de documentos que garantizan eficiencia y seguridad, y Segittur debería haber desplegado ya un sistema único para todo el país en lugar de fragmentar recursos en múltiples proyectos turísticos de dudoso impacto real en el Sector”.
Incidencias en el Sector
Desde CEHAT se subraya que la actual situación genera problemas críticos para los alojamientos turísticos, entre los que se encuentran la imposibilidad de verificar la veracidad de los datos sin conservar una prueba documental, la colisión entre el RD 933/2021 y la normativa de protección de datos, la ausencia de soluciones digitales armonizadas y las contradicciones entre la obligación de conservar datos durante tres años y el principio de minimización.
Por todo lo anterior, CEHAT reclama con urgencia la convocatoria de un diálogo institucional entre los ministerios de Interior y Turismo, junto a las Asociaciones del sector, para clarificar e interpretar de forma homogénea las obligaciones del RD 933/2021, desarrollar una herramienta tecnológica nacional única, interoperable y segura, y evitar que los hoteles asuman responsabilidades penales o administrativas por falta de respaldo legal o técnico.
