Derechos pasajeros aéreos

Iberia e Iberia Express se defienden de las acusaciones del Ministerio de Consumo, que pretende iniciar una acción judicial de cesación contra 17 aerolíneas, ellas incluidas, al considerar que no estaban respetando la normativa y que no informaban a los usuarios de todas las posibilidades de reembolso. De esta manera, ambas compañías aéreas señalan que, a pesar de haber visto afectados sus recursos, sí han informado correctamente a los clientes afectados por las cancelaciones de vuelos sobre sus derechos en estos casos, incluyendo el derecho a obtener el reembolso del importe de sus billetes, cumpliendo con el reglamento europeo 261. En este sentido, se han mostrado sorprendidos por las acusaciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya que aseguran que "llevan meses dando ejemplo de compromiso con el país, la sociedad, los clientes y los empleados".

Las compañías aéreas se encuentran en el punto de mira de la Comisión Europea y del Ministerio de Consumo español. Alberto Garzón advierte que pedirá cesar a cerca de 20 aerolíneas por violar los derechos de los pasajeros.

Únicamente el 7% de los pasajeros aéreos que sufre un retraso superior a tres horas recibe una indemnización económica. Así lo revela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también concluye que uno de cada cuatro vuelos no cumple con la hora de salida fijada, siendo el problema más habitual en España.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) formaliza una costumbre no escrita entre compañías aéreas. A través de un acuerdo voluntario firmado entre sus miembros, se establece la opción de ofrecer una ‘tarifa de rescate’ a los pasajeros afectados por la quiebra de una línea aérea.

Según un informe de la Comisión Europea, España es el país de la Unión Europea que más reclamaciones tramita por incumplimiento de los derechos de los pasajeros por parte de las aerolíneas. Muchas veces estos derechos no son aplicados ni respetados por las compañías aéreas, lo que ha supuesto que en España, entre 2010 y 2012, se tramitasen 24.900 reclamaciones.