La sexta edición del Foro para la Sostenibilidad Medioambiental del Turismo en España (Futuralia), organizada por el Grupo NEXO en estrecha colaboración con la Mesa del Turismo, ha congregado en el primer panel de expertos a representantes del Gobierno, del principal partido de la oposición y del sector hotelero para abordar la inseguridad jurídica generada por los recursos presentados contra la nueva Ley de Costas. Como es bien sabido, la reforma de esta normativa, que, entre otros aspectos, permite la modernización de las instalaciones del litoral español e indulta a los chiringuitos, ha sido recurrida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por varios Gobiernos autonómicos ante el Tribunal Constitucional, lo que ha provocado gran incertidumbre entre el empresariado turístico.
Según expone el senador y portavoz de medio ambiente del grupo parlamentario popular, Vicente Aparici, la antigua Ley de Costas "tenía 25 años de antigüedad", por lo que "empezaba a tener defectos y se desconectaba de la realidad". Además, remarca que "no hacía referencia a cuestiones relacionadas con el cambio climático", lo que a su juicio demuestra "su ineficacia en la protección del litoral".
En su defensa de la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que sustituye a la Ley de Costas, el representante del Partido Popular también recuerda que la anterior normativa tenía carencias como "la inseguridad jurídica para titulares de inmuebles o viviendas", así como el "deterioro de las instalaciones de costa" al prohibirse cualquier tipo de reforma. Por todo ello, considera que "25 años es un tiempo suficiente para haber podido ver sus defectos y, por tanto, sugerir reformarla".
El PSOE acusa al Gobierno de querer privatizar el dominio público
En contraposición, el diputado y portavoz de medio ambiente del grupo parlamentario socialista, José Luis Abalós, subraya que "si la reforma crea incertidumbre es porque hay algo que está mal". "Toda ley que no se ajuste a derecho puede ser recurrida, y ésta violenta varios artículos básicos de la Constitución, entre ellos el del concepto de dominio público terrestre, y contraviene seis directivas europeas".
En su intervención, el portavoz socialista hace especial hincapié en que el cambio legislativo aprobado en el Congreso de los Diputados "sólo recibió el apoyo de sus autores". Asimismo, asegura que "no protege para nada el litoral español, sino que lo desprotege, y todo pasa por privatizar el dominio público".
Mientras tanto, en representación del empresariado turístico, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella, remarca que "es fundamental para el Sector Turístico la clarificación de la costa y del litoral español". "Necesitamos seguridad jurídica", reclama este reputado empresario, que a su vez alerta de que "no podemos estar con esta falta de certeza de lo que va suceder".
CEHAT respalda el cambio legislativo
Estalella señala que la protección del litoral español debe ir ligado a un "uso sostenible" del mismo. "Playas y costas hay muchas en el mundo, pero aquí las hemos convertido en un recurso turístico, y queremos que esto siga siendo así", explica. Además, aclara que "en ningún caso queremos deteriorar las zonas donde operamos, sino que la propia actividad económica en muchos casos contribuye a la preservación". En este sentido, se muestra a favor del cambio impulsado por el Gobierno, destacando que "da mucha más agilidad" a los empresarios, permite la mejora de las instalaciones y garantiza el mantenimiento de los chiringuitos. Como punto y final, Estalella pide que "se despolitice el asunto", recordando que "da empleo a millones de personas".
En respuesta a la inseguridad jurídica generada a raíz de los recursos contra la reforma legislativa, el director general de Sostenibilidad de la Costa y Mar, Pablo Saavedra, traslada "un mensaje de seguridad y confianza sobre la constitucionalidad" de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. Según detalla, "la reforma se ha movido dentro de los parámetros de la sentencia que en su día se dictó sobre la constitucional de la Ley de Costas de 1988". "Sólo introduce modificaciones allí donde había problemas, por lo que es difícil que el Tribunal Constitucional cambie de criterio", añade.
Saavedra también critica los motivos aducidos por el PSOE y los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña, asegurando que algunos de ellos "son contrapuestos". Además, ensalza las modificaciones introducidas, ya que, a su juicio, "mejorarán la protección del medio ambiente, dará mayor seguridad jurídica y fomentarán la actividad económica". "En definitiva, se trata de una ley que va a contribuir a la sostenibilidad del Turismo", concluye.
Finalmente, el copresidente de Futuralia y vicepresidente de la Mesa del Turismo, Eugenio de Quesada, revela que un reciente informe jurídico de CEOE constata que el citado recurso "está muy bien armado y tiene muchas posibilidades de salir adelante". A este respecto, teme que en el caso de que el PSOE "tumbe la nueva Ley de Costas", los empresarios del Sector que hayan iniciado algún tipo de obra, algo que sí permite la legislación actual, "pierdan lo invertido".
