Las dos federaciones han mostrado su "disconformidad" con el texto, ya que sitúa a los empresarios de la pequeña y mediana empresa de la Hostelería y del ocio catalán en una "situación de inseguridad jurídica muy importante".
En este sentido, la FIHR y Fecasarm han rechazado tener que tramitar cada cinco años una nueva licencia y pagar cada vez la tasa que fije el municipio correspondiente en sus ordenanzas.
Sin embargo, las dos asociaciones han reconocido que la nueva norma supone un "pequeño avance" respecto a algunas actividades, como la agilización de trámites para empezar a funcionar, pero han añadido que "no pueden valorarlo", "ya que al mismo tiempo se ha eliminado el silencio positivo y se ha sustituido, inexplicablemente, por un régimen de silencio negativo".
