La quiebra de numerosas empresas turísticas desde el inicio de la crisis, con casos tan sonados como dos de los grandes grupos turísticos del país (Marsans y Orizonia) y una de las aerolíneas de referencia (Spanair), afectó a miles de viajeros y supuso un duro golpe para las agencias de viajes. Y es que, según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normativas complementarias, estos intermediarios "deben responder frente a los clientes ante cualquier incumplimiento contractual".
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