Para la limitación del uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. Esta medida, que Montoro define de "pionera", limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales, y no a aquellas entre particulares o entre particulares y entidades financieras.
El incumplimiento de la normativa supondrá "una infracción administrativa" para ambos del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada que denuncie los hechos ante la Agencia Tributaria.
