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Esta semana será clave para el acuerdo de Air Europa e Iberia

miércoles 02 de febrero de 2022, 07:00h
(Imagen de archivo).
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Las aerolíneas Iberia y Air Europa extenderán sus conversaciones a lo largo de esta semana para cerrar definitivamente el acuerdo de la mayor operación de la historia de la aviación española.

Y es que aunque ambas compañías habían fijado el día 31 de enero como fecha límite para "explorar distintas alternativas para tratar de articular esta operación", parece ser que las negociaciones continúan en busca del ansiado acuerdo. De momento IAG pagará a Globalia 35 millones de euros adicionales a los 40 pactados inicialmente, como muestra de compromiso para alcanzar un acuerdo en la segunda fase de la negociación.

Ambas compañías habían fijado el día 31 de enero como fecha límite

En este sentido, hace tan solo un par de semanas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no descartaba la opción de que el Estado entrase a formar parte del accionariado de Air Europa. Según Bloomberg, el Gobierno estaría considerando adquirir una participación directa de hasta un 40%, como parte de un plan para rescatar a la aerolínea. Hace un par de días, la propia vicepresidenta explicaba que en estos momentos están teniendo lugar conversaciones en distintos niveles y confía en encontrar una solución que "permita impulsar un futuro más próspero y mejor para la compañía".

No obstante, el presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, aseguraba que ya no existen negociaciones con Iberia y que está en disposición de sacar adelante a la aerolínea en solitario porque no esta dispuesto a vender su empresa "a cualquier precio".

Una compra fallida

La compra se anunció en noviembre de 2019, pero el estallido de la pandemia y sus negativas repercusiones en el sector aéreo provocó una rebaja importante en el precio inicial de 1.000 a 500 millones. Una cifra que incluso ahora podría ser inferior, según las últimas declaraciones de los directivos de Iberia.

A esto se unen las exigencias de las autoridades de Competencia (que busca que la operación no afecte a los consumidores y altere la competencia al compartir ambas compañías rutas a Latinoamérica), y del Gobierno, que tras su inyección de un préstamo avalado por el ICO de 615 millones de euros no descarta pasar a formar parte del accionariado.