Departamento de Análisis de grupo Prensamedia
Introducción
España vive un momento de transición silenciosa en su política turística. Tras recuperar con fuerza los niveles previos a la pandemia —con más de 85 millones de visitantes internacionales en 2024 y una previsión de superar los 90 millones en 2025—, el país afronta el desafío de pasar del crecimiento cuantitativo al equilibrio cualitativo.
El turismo representa más del 12 % del PIB y más de 2,6 millones de empleos directos, pero sigue dependiendo en gran medida del precio, de la conectividad aérea y de la estacionalidad.
El discurso oficial se centra en la sostenibilidad, la digitalización y la diversificación de destinos, pero la aplicación práctica avanza con lentitud y fragmentación. España ha mantenido el liderazgo global en volumen, pero no ha consolidado todavía un modelo sostenible, competitivo y equitativo.
La cuestión no es solo hacia dónde va la política turística, sino si está enfocando sus prioridades donde realmente debería: en la sostenibilidad medible, la movilidad internacional (visados, conectividad y gestión de flujos) y la adaptación fiscal a las nuevas realidades del sector.
El presente: una política de continuidad con nuevos lemas
El Ministerio de Industria y Turismo presenta su estrategia como una evolución hacia la sostenibilidad, la calidad y la digitalización. Sin embargo, la política turística nacional mantiene una estructura de continuidad, con fuerte protagonismo autonómico y municipal y escaso liderazgo estatal.
Los grandes instrumentos —el Plan de Turismo Sostenible 2030, los fondos europeos Next Generation y los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos— han inyectado más de 3.400 millones de euros, pero la ejecución ha sido desigual. Muchos proyectos se concentran en mejoras urbanas o campañas promocionales, sin un impacto estructural en la transformación del modelo.
La gobernanza sigue dispersa: mientras Turespaña continúa centrada en la promoción exterior, la planificación interna se reparte entre las comunidades autónomas. El resultado es una multiplicidad de estrategias que conviven sin un eje nacional común.
La prioridad sigue siendo atraer turistas, no tanto gestionar el éxito.
En destinos como Barcelona, Baleares o Málaga, los debates sobre saturación, vivienda y convivencia ciudadana ocupan el centro de la agenda local, pero sin un marco estatal que equilibre intereses. La política turística española, en su conjunto, continúa midiendo el éxito en número de llegadas, no en sostenibilidad, rentabilidad ni bienestar ciudadano.
Sostenibilidad: del discurso a la medición
En ningún ámbito del turismo se repite tanto una palabra como “sostenibilidad”. Pero una cosa es pronunciarla y otra aplicarla.
España ha incorporado el concepto a casi todos sus planes —Sostenibilidad Turística en Destinos, Estrategia 2030, etc.—, aunque en muchos casos se traduce en intervenciones cosméticas: certificaciones medioambientales, paneles solares o campañas de sensibilización.
La sostenibilidad real requiere planificación a largo plazo, datos, límites y gobernanza.
Las islas Baleares y Canarias han comenzado a establecer mecanismos de control de capacidad turística, como restricciones a cruceros o topes de camas hoteleras, medidas impopulares pero efectivas para preservar el equilibrio ambiental.
Otras comunidades, como Andalucía o Valencia, han avanzado en modelos de gestión de playas, consumo de agua y eficiencia energética en alojamientos, pero con resultados dispares.
Lo que falta es un sistema nacional de indicadores turísticos que mida la huella ambiental, el retorno económico local y el impacto social del turismo.
Sin esa medición, la sostenibilidad queda reducida a una narrativa de marketing.
Además, la transición ecológica exige abordar temas incómodos: transporte aéreo, urbanismo costero, dependencia del alquiler vacacional y precariedad laboral en el sector.
España no podrá liderar el turismo sostenible si no se atreve a regular las externalidades que su propio éxito genera.
Visados, movilidad y el nuevo mapa global del turismo
El acceso al país es uno de los factores más determinantes para el futuro del turismo español. Sin embargo, el debate sobre política de visados y movilidad apenas existe en la agenda pública.
El nuevo sistema europeo ETIAS, que obligará a los viajeros extracomunitarios a registrarse antes de entrar en el espacio Schengen, puede afectar a mercados clave como Reino Unido, América Latina o el Golfo Pérsico.
España, como segunda potencia turística mundial, debería desempeñar un papel más proactivo en la diplomacia turística europea. Ello implica promover acuerdos bilaterales y marcos de flexibilidad para viajeros frecuentes, grupos empresariales o turismo educativo y sanitario.
De lo contrario, la burocracia podría frenar el crecimiento de mercados emergentes de alto valor añadido.
El otro gran reto es la diversificación de flujos. Europa representa aún el 65 % de las llegadas a España. En cambio, Asia apenas alcanza el 4 %, frente al 10 % previo a la pandemia. La falta de conectividad directa con China, India o Corea limita el acceso a un turismo de largo radio y mayor gasto medio.
La política turística debería coordinarse con Transportes y Exteriores para planificar la conectividad aérea y los acuerdos bilaterales de cielos abiertos, así como los visados de larga estancia para nómadas digitales y jubilados europeos, dos segmentos estratégicos en expansión.
En el mundo postpandemia, la movilidad se ha vuelto un instrumento de competencia geopolítica: los países que facilitan el acceso y garantizan seguridad sanitaria son los que captan los flujos de más valor.
Fiscalidad turística: de la polémica a la corresponsabilidad
El debate sobre los impuestos turísticos divide a administraciones y sector privado.
Baleares y Cataluña han consolidado sus tasas turísticas, que en 2024 recaudaron más de 150 millones de euros destinados —en teoría— a proyectos de sostenibilidad. Valencia, San Sebastián o Sevilla estudian seguir el modelo, mientras que Canarias y Madrid se resisten por temor a perder competitividad.
El Gobierno central mantiene un perfil bajo, sin establecer un marco de referencia ni una coordinación fiscal entre territorios.
La consecuencia es una fiscalidad fragmentada y opaca, donde el turista paga de forma desigual según el destino y donde la inversión de lo recaudado rara vez se comunica con transparencia.
Una política turística moderna debería abordar la fiscalidad como un mecanismo de corresponsabilidad, no como penalización. Los impuestos deben vincularse directamente a objetivos de sostenibilidad, infraestructuras o vivienda, con trazabilidad pública.
Además, el debate fiscal no puede centrarse solo en las tasas al turista, sino también en la competencia desleal del alquiler turístico, que erosiona los ingresos municipales y encarece la vivienda.
Integrar la fiscalidad turística en una estrategia nacional permitiría equilibrar intereses entre administraciones, empresas y ciudadanía, y reforzar la percepción social de que el turismo contribuye al bienestar colectivo.
Lo que España debería priorizar
El turismo español necesita un cambio de paradigma.
La política actual sigue centrada en mantener el liderazgo global, pero no en garantizar su sostenibilidad ni su rentabilidad social.
Para afrontar la próxima década, las prioridades deberían ser claras y medibles:
- Definir una estrategia nacional de sostenibilidad con indicadores verificables, vinculada a los fondos europeos y con evaluación anual.
- Reformar la gobernanza turística, creando una Conferencia Nacional de Política Turística que coordine al Estado, las comunidades y las ciudades.
- Convertir la movilidad y los visados en parte de la política turística, no solo migratoria.
- Impulsar un marco fiscal común, con tasas transparentes y retorno local garantizado.
- Diversificar la oferta territorial, integrando el turismo cultural, rural y de interior en la planificación estatal.
- Reforzar la formación y la digitalización del sector, para mejorar la productividad y la calidad del empleo.
España tiene los recursos, el talento y la reputación para hacerlo. Lo que falta es una visión a largo plazo, capaz de integrar sostenibilidad, competitividad y cohesión social bajo una misma política pública.
Conclusión
El turismo ha sido durante décadas la historia de éxito más constante de España, pero también su espejo: refleja tanto la fortaleza del país como sus debilidades estructurales.
El reto ahora es pasar del liderazgo cuantitativo al liderazgo responsable.
La política turística española debe dejar de reaccionar ante los ciclos del mercado y asumir un papel de dirección estratégica.
En qué se enfoca hoy: sostenibilidad retórica, promoción internacional y gestión autonómica dispersa.
En qué debería hacerlo: sostenibilidad medible, movilidad global y fiscalidad coherente.
El turismo del futuro no se medirá por los millones de llegadas, sino por su capacidad de mejorar la vida de quienes lo viven, no solo de quienes lo visitan.
Claves del tema
Contexto
España superará los 90 millones de visitantes en 2025, pero sigue sin un modelo nacional de sostenibilidad.
La estrategia oficial prioriza sostenibilidad y digitalización, con ejecución desigual.
Visados, movilidad global y fiscalidad son los nuevos frentes de la política turística.
Implicaciones
Falta de coordinación institucional y liderazgo estatal.
Riesgo de saturación y pérdida de rentabilidad social.
Oportunidad de liderazgo europeo en sostenibilidad, visados y gobernanza.
Perspectivas
Consolidación de tasas turísticas y debate fiscal común.
Reequilibrio de flujos mediante diversificación de mercados.
Transición hacia un modelo de turismo de calidad, sostenible y con retorno local medible.
Copyright todos los derechos reservados grupo Prensamedia.
