«Todavía no hace mucho tiempo la existencia de un palacio de congresos constituía uno de los signos diferenciadores de una ciudad; un rasgo de discriminación positiva. Y naturalmente era lícita la aspiración a tenerlo.
Pues bien la inusitada fiebre de los dirigentes políticos por dotar de esta infraestructura a todo municipio de una mínima dimensión, hace que, en el momento actual, el hecho de no contar con ella parezca marcar peyorativamente a una población.
Es cierto que los tiempos de bonanza que ha propiciado el más largo ciclo expansivo de la economía han puesto en manos de nuestros dirigentes unos recursos que parecían ilimitados. También es verdad que muchos informes poco rigurosos, difundidos por determinados organismos, han trasladado la idea de que este Sector es un manantial inagotable. Y resulta innegable que algunos directivos de palacios, con el beneplácito institucional, han difundido hasta la saciedad la riqueza generada por su actividad, con estimaciones realizadas no se sabe por quién ni con qué método.
Todo ello ha impulsado una catarata de decisiones para la construcción de centros de congresos que no cuentan con un mínimo y riguroso estudio de viabilidad previo, evaluando las posibilidades y recursos del destino. Centros que se proyectan en ciudades que carecen de masa crítica para soportar el día a día de la actividad, con el único argumento de que si otros lo tienen nosotros también.
Sin embargo, la realidad resulta cambiante y la profunda crisis en la que estamos inmersos está creando un panorama realmente preocupante. El mercado de reuniones ha venido creciendo moderadamente, incluso en los buenos años que hemos vivido. Pero la oferta de salas de toda clase, y no sólo de palacios de congresos, ha crecido desaforadamente.
No debe ser una carga pública
Naturalmente podemos simplificar la dimensión del asunto con un simple "allá cada uno con sus decisiones", aunque muchos de ellos se verán abocados a soportar una pesada carga. Porque un centro de congresos debe conseguir una importante rentabilidad social, acompañada de un estimable impacto económico para el territorio en el que se ubica y no debe pasar por alto que su cuenta de explotación tiene que aspirar al equilibrio y no constituir una servidumbre insoportable para el presupuesto público.
Pero la cuestión, verdaderamente preocupante para todos, es que la errónea decisión de construir un centro de congresos sin las debidas garantías, no sólo perjudica a quien la toma, sino que castiga a todos porque, inevitablemente, deteriora nuestro Sector.
En efecto, los que han impulsado la construcción de costosas infraestructuras no se resignan fácilmente a que permanezcan claramente infrautilizadas y, en muchos casos, realizan prácticas de competencia desleal; regalan o minusvaloran un servicio que tiene precio cierto de mercado y, lo que es más grave, especialmente tratándose de representantes institucionales, propician que se soslaye el pago de impuestos, justo ahora que la subida de los mismos lleva camino de convertirse en el deporte nacional.
Sin duda, una mala praxis».
