La CNMC estudia el plan balear sobre las rutas interinsulares

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está considerando las implicaciones que tiene para la competencia la propuesta del Gobierno balear de establecer una tarifa plana para las rutas interinsulares.

En el régimen de tarifas que se aplica actualmente ya existen restricciones a la competencia en forma de Obligaciones de Servicio Público (precios de referencia y condiciones operativas). Sin embargo, las características básicas de la nueva propuesta planteada son las siguientes.

Precio final
El precio final de venta al público quedaría fijado en 30 euros por trayecto entre islas y sería válido tanto para viajeros residentes como no residentes.

Asimismo, para la CNMC, la medida propuesta implicaría eliminar el actual descuento del 50% que se aplica a los residentes de las Islas en la tarifa aérea para los trayectos interinsulares, y la supresión del resto de bonificaciones y descuentos.

Además, la CNMC apunta al hecho de que en la medida "no se especifican las condiciones operativas a las que tienen que responder las compañías aéreas interesadas (frecuencias o asientos)". El transporte quedaría sujeto a una única compañía con una tarifa plana y unas condiciones de frecuencia y ocupación.

Por todo ello, la CNMC considera que esta propuesta debe reconsiderarse teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

La libre competencia es la opción preferente. Esta permite que si no hay fallos de mercado existan precios más ajustados, mayor calidad, variedad e innovación. Para los consumidores es más favorable que exista un mercado con una competencia potencial y al menos dos operadores que pasar a un mercado con un solo operador y precios fijados por la Administración.

En estas rutas no se identifica un fallo de mercado que justifique una medida tan restrictiva para la libre competencia como es la fijación de un precio único.

Asimismo, la CNMC recuerda que tampoco se incluye en la propuesta del Gobierno balear un análisis a fondo de los costes económicos que esta medida tendría, ya que, a diferencia del sistema vigente, prevé compensaciones públicas para la compañía área elegida mediante los Presupuestos Generales del Estado.