Mientras que en la UE el consumo colaborativo acapara el 10% de los ingresos en el alojamiento, en España su peso podría ascender al 25%, estima el presidente de CEHAT.
El pasado mes de diciembre la Organización Empresarial Europea de Hotelería y Restauración (HOTREC) y sindicatos europeos firmaban
un gran pacto en contra de la economía sumergida y la falta de regulación de la economía colaborativa. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, explica en una entrevista concedida a NEXOTUR que se trata de una "manifestación pública por ambas partes de un
rechazo total a unas prácticas absolutamente ilegales y contrarias a los intereses generales del sector hotelero, tanto de los trabajadores como de las empresas".
Molas critica la falta de actuación por parte del Gobierno central
Según destaca, en una resolución de final de 2015, el propio Parlamento Europeo reconocía que "las normas actuales no sirven para regular la economía colaborativa". "Por tanto, para evitar el fraude, la economía sumergida y la pérdida de derechos del consumidor, se ha propuesto legislar nuevas medidas", detalla.
Crecimiento exponencial en los últimos dos años
No obstante, Molas lamenta que "a nivel nacional no hemos visto la misma disposición por parte del Gobierno, ya que hay normativa fiscal, laboral, interior y de consumidores que podía haber optado por una regulación y no se ha producido". Aunque reconoce que "es difícil determinar" la repercusión exacta de la denominada economía colaborativa en el sector del alojamiento" debido a que detrás de este término "
se mueve en economía sumergida", estima que "ha habido un crecimiento exponencial en los últimos dos años y en España al menos suponen un 25% de los ingresos". "Es decir, una
cantidad superior a los 30.000 millones de euros", añade.
Por ello, advierte de que en caso de que siga sin existir una regulación adaptada a las nuevas formas de alojamiento "se producirán
graves problemas de convivencia entre un sistema reglado y otro fuera de regulación, creando
prácticas anticompetitivas, pérdidas de empleo, pérdida de ingresos y pérdida de garantías al consumidor". "Es por ello por lo que se precisa de una regulación que elimine estos impactos negativos", sentencia.