La Cámara de Senadores de Argentina reunida ayer, aprobó una ley por la que autoriza al Estado a comprar Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo turístico español Marsans. La iniciativa, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, ha sido aprobada por 46 votos a favor y 21 en contra. De esta manera, el Estado argentino comprará a Marsans el 94,4% y el 97% de su participación en Aerolíneas y Austral, respectivamente.
No obstante, el valor de ambas compañías aún no ha sido establecido, siendo éste quizá uno de los puntos más conflictivos del acuerdo. La ley aprobada establece que será el Tribunal de Tasación de Argentina el organismo encargado de determinar el valor que se pagará por el paquete accionarial de las dos empresas, en base a la evaluación financiera que realice la Auditoría General de la Nación, que podría retrasarse hasta dos meses.
La decisión no ha cogido por sorpresa a Marsans, que insiste en que "era lo que se esperaba", aseguran fuentes del grupo, a pesar que desde el principio ha venido reclamando la intervención de un auditor independiente para el establecimiento del valor accionarial. Esta decisión hace prever que el valor que se establezca será menor al que se reclama desde Marsans (790 millones de dólares). Sus representantes en el Senado han señalado que "dejar en manos del juez la salida de una crisis terminal es absolutamente inconveniente". Caso contrario es la opinión del lado oficialista que, de acuerdo con la decisión tomada, insiste en que "no le vamos a dar un peso más a estos españoles que son la muestra más negativa de la inversión privada en el mundo", apunta el titular del Bloque Oficialista del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto.
Podría darse un caso de expropiación
Durante la sesión, Marsans ha advertido que sólo aceptará el precio que fije el Tribunal de Tasación si coincide con la valoración que aporten las entidades externas contratadas por Marsans. Por su parte, Argentina ha anunciado que si el grupo turístico rechaza la propuesta, no descarta una expropiación de activos, según fuentes presenciales en el Senado. No obstante, dicha medida debería ser aprobada en primera instancia por el Parlamento argentino.
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