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El presidente de los constructores de Tenerife afirma que no se puede "destruir por destruir" establecimientos

Antonio Plasencia asegura que los hoteles afectados por sentencias en Lanzarote cuentan con la autorización local pertinente

viernes 21 de marzo de 2008, 01:00h

La Federación Provincial de Constructores de Santa Cruz de Tenerife, a través de su presidente, Antonio Plasencia, asegura que los hoteles de Lanzarote "cuentan con la autorización municipal y con el visto bueno del Cabildo", por lo que "no se entiende" de dónde ha partido la ‘malinterpretación’.

La anulación de las licencias de 22 hoteles de Lanzarote por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "debido a errores de forma" y no al incumplimiento de una moratoria "inexistente", como publicaba el pasado martes este Diario, tras la respuesta de la Asociación Hotelera Asolan al artículo aparecido en la prensa, no "llevará al derribo de los establecimientos", como ha asegurado el presidente de la La Federación Provincial de Constructores de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia.

Para el representante de los constructores tinerfeños, si los hoteles han recibido su licencia municipal y cuentan con el visto bueno del Cabildo, ¿de quién es la negligencia?, se pregunta. "No se puede destruir por destruir", asegura, poniendo como ejemplo establecimientos como el Hotel Médano o algunas casas costeras "que llevan ahí más de cien años", afirma.

Retrasos en las concesiones de licencias de construcción

El "bache" por el que atraviesa la construcción en España, especialmente en Canarias, se debe, según Plasencia a que "el 80% de los planes generales de ordenación del territorio están sin aprobar", lamenta. "Cuando tenían que haberse puesto en marcha hace ocho años". Desde la compra del terreno hasta la "entrega de la llave" transcurren entre siete y diez años, asegura.

Un inconveniente que contrasta con la concesión de licencias para la construcción en Europa. Según Plasencia, fuera de España este tiempo "no es superior a tres meses", mientras en nuestro país, el plazo puede demorarse entre dos y tres años, explica.