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El Gobierno ‘revisará’ el régimen especial de las agencias de viajes una vez conocido el fallo del Tribunal de Justicia de la UE

Bruselas denunció a España y a otros siete Estados por aplicar ‘incorrectamente’ la normativa comunitaria

miércoles 26 de septiembre de 2012, 01:00h

El Gobierno español esperará a conocer el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea para revisar el régimen especial de las agencias. Bruselas denunció a principios de 2011 a ocho Estados miembros, entre ellos España, al entender que aplicaban incorrectamente la normativa comunitaria sobre el IVA.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha revelado que el Gobierno revisará el Régimen Especial de las Agencias de Viajes (REAV), una vez conocido el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea (TUE). Según el ministro, éste se producirá previsiblemente a finales de 2012 o principios de 2013.

Durante su intervención en el pleno del Senado, Soria ha indicado que comparte la "inquietud" sobre la "singularidad" de las agencias, que actualmente tributan el 21% de IVA, frente al 10% de la mayoría se segmentos turísticos. Así se ha pronunciado al ser preguntado por la senadora del Convergència i Unió  (CiU), María Teresa Rivero, quien ha criticado la "discriminación negativa y falta de neutralidad" que impide a las agencias de viajes y turoperadores "competir con otras empresas de distribución".

Bruselas denunció a ocho países

Tal y como publicó NEXOTUR, la Comisión Europea (CE) denunció en enero de 2011 a España y a otros siete Estados miembros ante el TUE por aplicar incorrectamente la normativa comunitaria sobre el IVA para las agencias de viajes, lo que según Bruselas "ha provocado distorsiones de competencia". Ya en octubre de 2009, la CE dio un ultimátum al Ejecutivo español para que modificase el REAV.

Tras la denuncia, el TUE debe determinar cuál es la interpretación correcta, eligiendo entre la que propugna el Ejecutivo comunitario o la que defiende el Sector de agencias de viajes español, vigente desde 1977. Además de España, Bruselas ha llevado ante el Tribunal de Luxemburgo por esta cuestión a República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia y Portugal.