El TSJ ha instado a Airbnb a eliminar de forma inmediata 5.800 anuncios de pisos turísticos
La compañía Airbnb ha recibido una orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para bloquear 65.935 anuncios de viviendas turísticas que se consideran ilegales en su plataforma, ya que infringen la normativa relacionada con la publicidad de este tipo de alojamientos. Específicamente, se está violando la legislación de las diversas Comunidades Autónomas donde se han identificado estos anuncios, y en todos los casos se trata de viviendas completas destinadas al uso turístico, no de habitaciones individuales.
En los últimos meses, hasta tres resoluciones han sido enviadas a Airbnb por el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy. Estas resoluciones notificaron la existencia de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma y solicitaron que la empresa bloquease dicha publicidad. Para evitar el bloqueo, Airbnb decidió recurrir esta acción ante la Justicia. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció sobre la primera resolución, respaldando las acciones del Ministerio de Consumo. En respuesta a lo que se dictó en esa primera resolución, el TSJ ha instado a Airbnb a eliminar de forma inmediata 5.800 anuncios de pisos turísticos.
Desde la Dirección General de Consumo, se señaló que los anuncios eran ilegales debido a la falta del número de licencia o registro, la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y la inclusión de números de licencia que no son válidos según las autoridades. Es importante mencionar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido un auto relacionado con la publicidad de viviendas turísticas en comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
Lucha contra la ilegalidad
El ministro Bustinduy ha expresado su intención de colaborar con las administraciones públicas competentes para abordar el descontrol y la ilegalidad que prevalecen en los alojamientos turísticos. Además, busca facilitar el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores. En este sentido, desde el área de Consumo se están llevando a cabo diversas iniciativas que complementan las acciones que puedan implementar otras autoridades.
En este contexto, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia, y que en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador. Estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas. Además, el pasado 27 de marzo se abrió también un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos.
