Su exclusión, según CEAV, evitaría una «duplicación innecesaria de comunicación de datos»
Tras la aplicación definitiva del Real Decreto 933/2021 desde este pasado día 2 de diciembre, el Sector Turístico español se ve obligado a cumplir con las obligaciones de registro documental impuestas por el Ministerio de Interior, algo que se lleva criticando y denunciando muchos meses atrás.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido en una entrevista para el Canal 24 Horas que el registro de viajeros no supondrá ninguna diferencia para el cliente a la hora de aportar datos. En concreto, ha asegurado que la única novedad es la solicitud de relación de parentesco entre los viajeros, siempre en el caso de que alguno sea menor de edad. «Solo habrá que comunicarlo, aunque la persona que lo comunica es la responsable de los datos», ha aclarado.
En cuanto al Sector Turístico, Pérez ha señalado que tampoco va a haber cambios porque no van a tener que facilitar muchos más datos». También ha afirmado que no entiende las quejas del Sector que denuncian una carga administrativa desproporcionada, desventaja competitiva y posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea. Junto a esto, ha asegurado que Interior ha mantenido «un diálogo continuo» y «múltiples reuniones» con las compañías de la industria.
Dadas estas nuevas imposiciones, el Comité Ejecutivo de CEAV ha querido enviar una carta abierta a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con el objetivo de hacer entender las dificultades a las que expone al Sector y lo necesario que es excluir a las agencias de la normativa ya que se trata de «una situación nunca antes vivida».
Según exponen en la carta, la cual ha contado con una versión muy similar para el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, «es una realidad que se hace difícil entender y que nos es impuesta sin haber contado con nuestra opinión y sin haber existido el mínimo interés para conocer nuestras operativas. Ha quedado demostrado, por parte del Gobierno del que forman parte, un flagrante desconocimiento y un manifiesto desinterés por paliarlo».
Aludiendo a la importancia que tiene el Turismo en España, la patronal señala que «sí es de nuestra responsabilidad y acción tomar medidas adecuadas que no impidan el correcto fluir de la actividad turística. Y es lo que nos tememos va a ocurrir con la entrada en vigor del mencionado Real Decreto«.
También cuestionan el fin de esta nueva regla: «Tiene como objeto principal la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, si bien no sabemos de ninguna circunstancia especial que en este momento ponga en peligro dichas cuestiones. Como tampoco conocemos a ningún país de nuestro entorno que haya dispuesto nada parecido». Concretamente, la califican de «desproporcionada» y de «colisionar frontalmente con otras de rango español y europeo, así como con recomendaciones de distintos organismos».
No obstante, aclaran que están a favor de la seguridad y siempre a disposición de colaborar activamente con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizarla y preservarla. Junto a esto, reiteran que el Sector de las agencias no ha estado nunca obligado a facilitar estos datos, pidiendo de nuevo su exclusión: «El artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015 de la que emana dicho Real Decreto no menciona ni a las agencias de viajes ni a los operadores turísticos como posibles sujetos obligados a la comunicación y registro de datos en favor de la seguridad ciudadana».
«Los prestadores finales de los servicios, empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos, son sujetos obligados por el RD933/2021 y los mismos disponen de todos los datos relativos a una reserva, desde que la misma se formaliza, bien de manera directa o bien por medio de la intermediación. Por ello en nada la exclusión de las agencias de viajes y operadores turísticos del ámbito de aplicación perjudicaría al fin pretendido por el Ministerio de Interior de mejorar la seguridad», aseguran.
En este sentido, con su exclusión, afirman que se evitaría que se produjera una duplicación innecesaria de comunicación de datos, «con la consiguiente saturación de información (muchas veces no contrastada) a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad». Tampoco se olvidan de las complicaciones tecnológicas y de costes que supone esta norma para las agencias ya que las mayoría son pymes y micropymes.
La actividad turística, en riesgo
De igual manera, resaltan la Proposición No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados y la moción del Senado, las cuales instaron a prolongar la suspensión de la norma y elaborar un nuevo planteamiento (esta última también incluía una enmienda que pedía la exclusión de las agencias).
«Nuestro mensaje es claro, el no eximir a las agencias de viajes y operadores turísticos pone en riesgo la actividad turística, en particular la de ámbito internacional, siendo conocedores, que son ya, varios turoperadores especialmente europeos, que están centrando su atención en destinos competidores de España ante el rechazo que en sus respectivos países está teniendo esta cuestión, considerando que la misma atenta de manera directa y flagrante contra la intimidad y seguridad de los propios turistas. Los medios de comunicación de varios países se han hecho eco con profusión de este asunto, con el consiguiente perjuicio y descrédito que ello conlleva para nuestra imagen como destino y para la competitividad en materia de Turismo», añaden.
Tras todos estos motivos, el Comité Ejecutivo de CEAV concluye la misiva pidiendo una reflexión que «derive en la apertura de un diálogo real, leal, sincero y efectivo que permita poner freno a un hecho que puede derivar en un gravísimo perjuicio de ámbito nacional, más allá del que ya está suponiendo para las agencias de viajes españolas».
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