CEHAT pide de nuevo reunirse con el secretario de Estado o el ministro del Interior
El Real Decreto 933/2021, por el que se establece al Sector Turístico las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, entrará en vigor el próximo 1 de octubre. Ante ello y ante el Ministerio de Interior, los operadores turísticos ya han transmitido su profundo rechazo debido a que no pueden hacer frente a tal normativa, por lo que han pedido su exclusión, al menos parcial.
Por su parte, CEHAT apunta que es incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, en provocar un caos para los colaboradores del ministerio y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros.
Además, a su juicio, consideran estos parámetros como «incumplibles e ilegales», y que provocarán la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y «un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables. Para los hoteleros, es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que esto provocaría un «caos organizativo en las recepciones» en perjuicio de los usuarios y contraviniendo flagrantemente las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección.
Composición del Sector
CEHAT recuerda además que más del 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos. Además, la propia Unión europea ha decidido en julio de 2024 que las aerolíneas solo podrán recabar datos de forma automatizada, reemplazando los métodos manuales (que son a los que obliga este Real Decreto) por la no aparición en documento oficial de muchos de los datos requeridos.
Ante la inmediata entrada en vigor el 1 de octubre de este Real Decreto, CEHAT ha manifestado la necesidad de reunirse nuevamente con el secretario de Estado o el ministro del Interior, sin respuesta por parte del Ministerio, lo que ha provocado un gran malestar en todo el colectivo y la puesta en marcha de sus servicios jurídicos para impedir su aplicación.
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