La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) han expresado su indignación por la actitud del Ministerio de Transición Ecológica respecto a la gestión del litoral en Canarias, en lo que consideran «un abierto desprecio a la transferencia de las competencias sobre la gestión de Costas que la misma Administración central firmó con la Comunidad Autónoma de Canarias en agosto de 2022, y que está en vigor desde el inicio del presente año».
Para las patronales turísticas, el proceder del Gobierno central sobre las actuaciones en el litoral de Canarias resulta «totalmente contradictorio con los propios actos del Ministerio, en particular con la transferencia de una competencia que en la actualidad ya corresponde al Gobierno de Canarias, porque así lo estipulan el propio decreto de transferencia de la competencia y, sobre todo, el Estatuto de Autonomía de Canarias», afirman.
De este modo, inciden en la actuación del Ministerio en el caso del hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, la cual definen como «abuso de poder», por su «pretensión de sustraer a la Comunidad Autónoma las competencias que tiene asumidas y, por tanto, su capacidad para tramitar y resolver los expedientes sobre concesiones administrativas plenamente vigentes y también otorgar autorizaciones para la renovación de instalaciones como las del Riu Oliva Beach, necesarias para el mantenimiento de la actividad y acordes con la normativa vigente, tal y como acredita la autorización concedida por el Gobierno de Canarias el 26 de mayo de este mismo año».
«Más de 400 empleos en riesgo»
Además, defienden que las consecuencias de la decisión de paralizar de forma cautelar de las obras en el Oliva Beach, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, son «gravísimas para la actividad en sí y la estabilidad de los puestos de trabajo, pues forzarán un nuevo cierre de las instalaciones del hotel, justo cuando la empresa culminaba los trámites para acometer los trabajos de rehabilitación acordes con la concesión administrativa en vigor».
En este sentido, insisten en que los más de cuatrocientos trabajadores del Oliva Beach serán los principales damnificados por esta decisión, que «también perjudica al conjunto de la actividad económica en el norte de Fuerteventura», y recuerdan que este hotel ha sido recientemente galardonado con el Premio de Turismo Islas Canarias, que concede el Gobierno autonómico, por su contribución durante décadas a la proyección internacional de Corralejo y Fuerteventura como destino turístico de éxito en los mercados europeos.
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