A diferencia del programa de Turismo social del Imserso, los contratos se hacen directamente a los balnearios
A día de hoy, la incertidumbre reina en el programa de Termalismo social y es que, hace dos semanas, se publicó en el BOE la aprobación de la prórroga del contrato de Termalismo para el año 2024 por parte del Consejo de Ministros. A diferencia del programa de Turismo social del Imserso, los contratos se hacen directamente a los balnearios, no se realizan a través de una UTE y luego se subcontrata a otros agentes, algo que preocupa mucho dentro del Sector.
Ante esta problemática, Miguel Mirones, presidente de la Asociación Española de Balnearios y presidente del Instituto para la Calidad Turística, asegura que «la situación en la que se encuentra el programa de Termalismo social es bastante paradógica ya que nos hemos encontrado con estas cirunstancias. Cuando hemos preguntado al director general del Imserso sobre esto, nos ha dicho que no era una prórroga adoptada y que aún no hay decisión politica sobre si se va a aprobar una prórroga o si se van a hacer nuevos contratos«.
«El hecho es que, ante la situación de las elecciones generales adelantadas, en los próximos 10 días el Imserso tiene que aclarar si ha aprobado una prórroga o no. En caso de que lo haya hecho, la gravedad de esa decisión para el Sector de los balnearios es muy importante ya que obligaría a todos los balnearios con contratos en vigor a trabajar en 2024 con una tabla de costes calculada en el año 2020, con todos los cambios que ha habido en costes energéticos, de alimentación y de personal desde el año 2020 hasta ahora», prosigue.
Soluciones ante la problemática
«Puede ocurrir que digan que efectivamente sea una prórroga y con lo cual el Sector exigiría al Gobierno que corrija ese error y que igual que la han aprobado, el Consejo de Ministros realice nuevos contratos. En caso de no ser así, nos dirigiremos a todos los partidos políticos que se presenten a las elecciones para planetar la gravedad del problema y que nos digan si incluirían en sus programas la corrección de este asunto para que se haga una contratación aplicable a 2024 y así conseguir la sostenibilidad y viabilidad futura del programa. De este, dependen 7.000 trabajadores directos, 12.000 indirectos y viven de él 100 comarcas españolas. La decisión de prorrogar el programa con los costes de 2020 pondría en cuestión la continuidad de este, que además es el único donde se está invirtiendo en la España vaciada con la generación de puestos de trabajo», concluye Mirones.
Por último, cabe recordar que estos contratos son prorrogables hasta el año 2024 e incluso hasta el 2025. Estas circunstancias provocan una dificultad enorme para el Sector, teniendo en cuenta además que dichos centros deben ser climatizados y que existe una gran crisis energética.
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