Las aerolíneas tendrán que entregar a las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea los datos de sus pasajeros para ayudar en la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves. Así lo ha ratificado el Parlamento Europeo, que ha aprobado con amplia mayoría (461 votos a favor y 179 en contra) la nueva directiva que regula el uso del registro de datos de pasajeros (PNR) aéreos para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y otros de carácter grave.
Las nuevas reglas se aplicarán inicialmente a los vuelos extracomunitarios
En el caso concreto de las agencias de viajes y turoperadores, la Eurocámara no los incluye directamente en el proceso de recopilación de datos. Sin embargo, deja la puerta abierta para que las autoridades nacionales puedan recoger y procesar sus datos PNR, dado que también gestionan billetes de avión para sus clientes.
Los Estados miembros tendrán que establecer una unidad de información sobre los pasajeros, organismo que se encargará de gestionar los datos recopilados por las compañías aéreas. Los datos se conservarán durante cinco años, pero tras un periodo inicial de seis meses estarán enmascarados, es decir, desprovistos de toda aquella información (como nombre, dirección, datos de contacto y de pago) que serviría para identificar directamente a la persona a quien corresponden.
Europol recibirá los datos tras un examen riguroso
Las citadas unidades de información sobre los pasajeros serán las encargadas de
transferir la información a las autoridades competentes y de intercambiarla con otros países de la Unión Europea y con Europol. No obstante, la directiva remarca que la transferencia e intercambio se hará tras un examen "caso por caso y exclusivamente para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y los delitos graves".
A priori, las nuevas reglas
se aplican a los vuelos extracomunitarios, pero
los Estados podrán extenderlas a los vuelos intracomunitarios, previa notificación a la Comisión Europea. Tras la aprobación por parte del Parlamento, la propuesta
necesita ser adoptada formalmente por el Consejo, organismo formado por los Estados miembros. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, las autoridades nacionales dispondrán de dos años para trasladarla a sus respectivas legislaciones.