El Turismo, uno de los pocos sectores que se salva de la reforma fiscal propuesta por el grupo de expertos designado por el Gobierno. En su informe advierten del efecto negativo que tienen sobre la recaudación los tipos reducidos, por lo que aconsejan pasar al IVA general a todos los servicios que tributan actualmente al 10%, con tres únicas excepciones, entre ellas el Turismo.
El grupo de expertos designado por el Gobierno recomienda que las actividades turísticas sigan sujetas al tipo de IVA reducido. Según exponen en su informe, entregado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no es adecuada su tributación al tipo general, "pues perjudicaría gravemente la competitividad de este sector". En este sentido, recuerdan que "lo principales países competidores de España siguen manteniendo un tipo reducido para el gravamen de los servicios turísticos".
No obstante, aclaran que "la comisión solo propondría el incremento del tipo aplicable al Turismo combinándola con una reducción significativa de la cotizaciones sociales". A su juicio, esta iniciativa "podría resultar muy beneficiosa para este sector, pues es fuertemente intensivo en mano de obra".
A pesar de esta puntualización, cabe destacar que el Turismo es uno de los tres sectores (junto a la vivienda y el transporte público) que mantendría un tipo de IVA reducido en caso de que el Gobierno hiciese suyas las propuestas de los expertos. Éstos advierten de que, aunque el aumento del IVA aplicado por el Ejecutivo en 2012 lo situó en la media de la Unión Europea, el efecto en España de los tipos reducidos y de las exenciones es uno de los más elevados de Europa en términos de merma de recaudación.
Escasa efectividad de los impuestos medioambientales
Por otro lado, el informe también hace mención a la gran variedad de tributos medioambientales existentes en el ámbito autonómico, entre ellos, los que gravan la actividad turística. Al respecto, advierten de que "muchos de ellos resultan inadecuados para conseguir fines medioambientales y presentan una mínima capacidad recaudatoria para las Comunidades, al tiempo que resultan muy gravosos para los escasos sujetos pasivos afectados". Además, subrayan que la falta de armonización o de una mínima coordinación "incrementa los costes internos para los contribuyentes, dificulta la aplicación de las normas y constituye una importante barrera de entrada adicional para posibles empresas de nueva creación".