El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. El Ejecutivo entiende que se está limitando el ejercicio de actividades turísticas por criterios económicos.
La Comunidad autónoma de Canarias, según se expresa en el preámbulo de la norma, por motivos de protección del medioambiente y de ordenación del territorio, establece en dichos apartados que sólo serán otorgadas autorizaciones previas para la nueva implantación de alojamientos en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, cuando se trate de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos con categoría de cinco estrellas o superior. El Gobierno, sin embargo, considera que limitar la autorización de nuevas instalaciones hoteleras es un requisito de naturaleza económica contrario a la Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, del 23 de noviembre de 2009, que consagra el principio de libertad de establecimiento en todo el territorio nacional.