Tras iniciar el procedimiento previo de infracción a principios de noviembre, la Comisión Europea ha remitido el escrito de requerimiento a España para que informe sobre el incremento de las tasas aéreas que se aplica desde el 1 de julio. Ahora, el Gobierno español dispone de un plazo de dos meses para presentar sus observaciones.
La Comisión Europea (CE) ha pedido formalmente a España que clarifique cómo se han modificado las tasas aeroportuarias en los aeropuertos explotados por Aena Aeropuertos. Tal y como adelantó NEXOTUR, a principios de noviembre Bruselas iniciaba un procedimiento previo de infracción tras recibir varias denuncias de Organizaciones empresariales, entre las que previsiblemente están la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes y Turoperadores (ECTAA) y la Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA).
Como ya reveló NEXOTUR, CE no investigará la subida en sí, sino una posible vulneración en cuestiones como la información y el periodo de consulta que debe ofrecerse a los usuarios, y que se recogen en la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias, adoptada en 2009. Así, según las denuncias presentadas ante la Comisión, las compañías aéreas no fueron adecuadamente consultadas sobre las modificaciones de las tasas aeroportuarias que entraron en vigor el 1 de julio de 2012.
Un plazo de dos meses
El incremento de las tasas es significativo para las aerolíneas que operan en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona- El Prat, donde se han llegado a duplicar. Por esta razón, la Comisión considera que las compañías aéreas podrían verse disuadidas de operar en ambos. Por esta razón, está recabando más información que garantice que las modificaciones estaban justificadas sobre la base de los costes para el aeropuerto.
Además, CE desea asegurarse de que España ha establecido la autoridad de supervisión independiente, tal como se solicita en la Directiva. Por todo ello, acaba de iniciar el último paso del procedimiento de infracción, al remitir el escrito de requerimiento a España. En él facilita la información detallada relacionada con el tema e invita a España a presentar sus observaciones dentro de los dos meses siguientes.