En el marco del VIII Congreso de Editores de la Unión Europea y América Latina Caribe, celebrado en Cartagena de Indias, editores de Prensa de ambos lados del Atlántico han emitido una declaración en la que resaltan la importancia de la información como "un derecho inalienable de todas las personas" y un pilar fundamental para la democracia.
Ante los desafíos actuales, la Declaración de Cartagena de Indias advierte sobre "una época de profunda transformación y una revolución cultural, social y económica, de imprevisibles consecuencias", que exige de los medios "una actitud atenta y flexible". En este sentido, los editores recalcan su papel en la denuncia de la violencia, las guerras, la persecución ideológica y la censura, así como en la lucha contra "las presiones de los actores de la economía que con su poder condicionan contenidos periodísticos".
El documento hace un llamado a la protección de los periodistas en el ejercicio de su labor para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información responsable. "En un mundo global, se acentúa el valor del rol del periodista como el profesional más apto para canalizar la información", afirman, destacando la necesidad de actuar con independencia y rigor. Asimismo, subrayan que "el periodismo tiene que seguir jugando su esencial papel como referencia, como legatario de los valores fundamentales reflejados en la Declaración de los Derechos de los seres humanos".
Los editores expresan su "total solidaridad con cada ciudadano afectado por los abusos de poder" y con los profesionales de la prensa que trabajan en zonas de conflicto. Además, reiteran su apoyo a quienes han sido víctimas de censura, amenazas o encarcelamiento por ejercer su labor periodística.
Uno de los puntos clave de la declaración es la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. "Hay que responder con idoneidad al predecible avance exponencial de tecnologías como la llamada Inteligencia Artificial", afirman los editores, exigiendo "regulaciones más estrictas en ámbitos como los relativos a las deepfakes y a los algoritmos de recomendación". También proponen medidas para proteger los contenidos digitales de noticias, estableciendo un período de 48 horas en el que no puedan ser utilizados para el entrenamiento de IA generativa sin autorización.
Además, se insta a que los proveedores de IA sean responsables de su producción y se les exija "remuneración adecuada por el uso de su contenido". Los editores también abogan por el desarrollo de sistemas de verificación de hechos como garantía básica para el derecho a la información.
La declaración denuncia cualquier intento de interferencia política o legislativa que amenace la independencia de los medios. "Nos comprometemos a denunciar toda interferencia de los legisladores nacionales y de los organismos supranacionales en la autonomía editorial que ponga en peligro la independencia y la diversidad de la información", proclaman.
Asimismo, los editores subrayan la necesidad de encontrar recursos transparentes y sostenibles para el ejercicio del periodismo. "Hemos de responder a la verdad con más y mejor periodismo", sostienen, destacando la importancia de iniciativas como EDITORED para fortalecer la unidad y el compromiso profesional.
Finalmente, la Declaración de Cartagena de Indias enfatiza el papel de los medios en la promoción y preservación del idioma español y portugués. "Muy singularmente nos comprometemos a defender el idioma castellano o español, también el portugués, pues los medios de comunicación son los principales canales de su difusión y promoción en todo el mundo".
Con una firme apuesta por "idealismo, compromiso, determinación y valor", los editores concluyen reafirmando su rol en la defensa de la verdad, la democracia y los derechos humanos.