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    13 de julio de 2020

Hacienda rechaza el recurso de CEAV y sigue con la centralización de la gestión de los viajes de la Administración del Estado

CEAV no se rinde y acudirá a la Audiencia Nacional con el objetivo de lograr la anulación del contrato unificado

Rafael Gallego preside CEAV.
Rafael Gallego preside CEAV.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha denegado el recurso presentado por CEAV, en el que se pedía la anulación del contrato unificado para gestionar los viajes del Estado. El citado organismo, dependiente de Hacienda, argumenta que no restringe la competencia al haberse establecido cuatro lotes.

CEAV no logra la anulación del proceso de adjudicación del contrato centralizado para gestionar los servicios de viajes de la Administración del Estado. Según fuentes consultadas por este periódico, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha denegado el recurso presentado por la Confederación de viajes.

En su dictamen argumenta que el contrato unificado no restringe la competencia debido a que se han establecido cuatro lotes, algo que no ha sucedido en el resto de concursos. A raíz de esta decisión, CEAV ha acordado presentar un recurso ante la Audiencia Nacional, al entender que el nuevo sistema "limitará y reducirá la participación de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 80% de nuestro Sector".

Paralización temporal

Además, asegura que los cuatro lotes en los que se divide el contrato, organizado en función de los destinos más habituales o de la ubicación de los centros usuarios del servicio, "son demasiado elevados". A su juicio, esto también "dificulta y restringe" la participación de pequeñas y medianas empresas.

Como publicó NEXOTUR, con su primer recurso CEAV logró una paralización temporal del proceso de centralización, si bien, tras esta resolución, sigue adelante. Con un valor estimado de 171 millones de euros, el contrato unificado, cuyo plazo de ejecución es de dos años, dará servicio a los 13 ministerios, 79 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sustituyendo así a los múltiples convenios existentes en la actualidad. Con esta medida el Gobierno espera ahorrar más de 17 millones de euros.

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