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    21 de julio de 2019

El Grupo Marsans ha iniciado sus acciones legales por la reciente expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral

Tras la reciente aprobación de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral por parte del  Gobierno argentino, el Grupo Marsans ha presentado la demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.

Marsans ya avisó de que emprendería acciones legales para reclamar la expropiación de estas dos aerolíneas en cuanto  se supiera oficialmente esta decisión por parte del Gobierno argentino. De esta forma, como confirman fuentes del Grupo Marsans, "hemos presentado la demanda y ahora estamos a la espera", aunque "estamos convencidos de que lo que nos han hecho es un expolio y es ilegítimo". "Estos señores han contradecido lo firmado el pasado 17 de julio" cuando se señalaba la compra-venta de las compañías aéreas, "saltándose todo lo acordado".

El Congreso argentino aprobó el pasado martes la ley de expropiación de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, controladas por el grupo Marsans y gestionadas por el Estado desde el pasado mes de julio, cuando se firmó un acta de acuerdo de traspaso de las acciones de las dos empresas. La iniciativa impulsada por legisladores oficialistas con el apoyo del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, ha sido aprobada por la Cámara de Senadores por 42 votos a favor y 21 en contra, después de que la Cámara de Diputados hubiese dado el visto bueno al dictamen este mes.  La ley aprobada declara de "utilidad pública" a ambas empresas aéreas, garantizando su funcionamiento por parte del Estado que deberá "instrumentar los mecanismos necesarios" para cubrir las necesidades financieras" de Aerolíneas y Austral y garantizar la prestación de servicios.

Las dos compañías aéreas fueron vendidas a la española Iberia en 1990 durante la presidencia del peronista Carlos Menem, y Marsans las compró en 2001 por el precio simbólico de un dólar, mientras el Estado español hizo un aporte de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran.

 

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