Diario online del Agente de Viajes
/ Martes 22 de Mayo 2012 / Número 3.776
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NEXOTUR.com / España ha logrado bloquear una nueva norma comunitaria para reforzar los derechos de los pacientes que viajan a otro Estado miembro para recibir tratamiento. La directiva supondrá un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales, según la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Un total de siete países, entre ellos España, lograron bloquear la nueva normativa que busca eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros. "Hubo una minoría de bloqueo que hizo imposible el acuerdo pese a que la presidencia presentó dos nuevas propuestas de compromiso", ha asegurado una portavoz de la presidencia sueca de la Unión Europea (UE). Será la presidencia española, durante el primer semestre de 2010, la que trate de lograr un acuerdo sobre la directiva de servicios sanitarios, la cual establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al Turismo sanitario. Asimismo, plantea que tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta. En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario. Para España, esta norma "va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado a la organización de sus servicios sanitarios", y no garantiza "ni la calidad ni la seguridad jurídica suficiente", según Jiménez. Problemas para España La propuesta presentada ayer por la presidencia sueca obliga a la sanidad pública a pagar el tratamiento de un paciente que acuda a un hospital privado de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertado. El Gobierno rechaza esta posibilidad, alegando que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en España no se le reembolsarían los costes. El segundo problema para España es la definición del Estado miembro de afiliación, sobre todo en el caso de los pensionistas. Los países nórdicos y la presidencia defienden que el Estado miembro de afiliación tiene que ser el de residencia, es decir, que si un jubilado alemán que reside en Mallorca va a tratarse a Alemania, debe ser España la que le pague los costes. Sin embargo, los países del sur defienden que el Estado de afiliación debe ser aquel donde el pensionista ha contribuido a la seguridad social, es decir, en el caso anterior debería ser Alemania la que pagara.
